San Juan de la Maguana.- La provincia de San Juan volvió a demostrar este domingo que la defensa del agua, la agricultura y el territorio es una causa colectiva que trasciende generaciones. Miles de ciudadanos marcharon de manera pacífica pero contundente para reiterar su rechazo absoluto a cualquier intento de explotación minera en el Valle, incluyendo el Proyecto Romero, promovido por la empresa GoldQuest.

La movilización masiva confirmó lo que la población ha sostenido desde el primer día en que surgieron las pretensiones extractivas: San Juan no otorga licencia social para minería. Esta posición, expresada de forma constante durante años, se convirtió en un factor determinante para la decisión del Gobierno de detener todas las ejecuciones vinculadas al proyecto.

El Gobierno paraliza el proyecto y la empresa pierde su inversión en exploración

Tras la demostración pública de rechazo, el Gobierno dispuso la suspensión inmediata de cualquier avance operativo, lo que dejó sin efecto las inversiones realizadas por la empresa en la fase de exploración.

En el sector minero, esta etapa siempre se realiza bajo riesgo del inversionista, pues la viabilidad técnica no garantiza la aceptación social ni la autorización estatal.

En este caso, la falta de licencia social —sumada a la preocupación por el agua, la agricultura y la salud— hizo inviable la continuidad del proyecto.

La Ley 64‑00 respalda la decisión y fortalece el precedente

La suspensión del proyecto encuentra fundamento en varios principios de la Ley 64‑00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Artículo 6: reconoce el derecho de las comunidades a participar en la gestión de los recursos naturales.
Artículo 8: establece el principio de precaución, que obliga al Estado a detener actividades con potencial de daño, aun sin certeza científica absoluta.
Artículo 9: define los estudios de impacto ambiental como instrumentos de gestión, no como permisos automáticos.
Artículo 10: ordena incorporar los costos ambientales y priorizar la conservación.

Estos principios, aplicados al caso de San Juan, consolidan un precedente nacional: la voluntad popular es un elemento vinculante en la toma de decisiones ambientales.

Una marcha histórica que trasciende lo local

La multitudinaria marcha del domingo no solo reafirmó el rechazo comunitario, sino que también envió un mensaje claro al país: la defensa del agua y del territorio es un derecho y un deber ciudadano.

Productores agrícolas, juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias, jóvenes, mujeres, líderes comunitarios y ciudadanos independientes caminaron bajo una misma consigna: “El agua vale más que el oro”.

La unidad mostrada en las calles convirtió la protesta en un acto histórico que fortalece la identidad ambiental del Valle.

San Juan elige su modelo de desarrollo

El caso del Proyecto Romero demuestra que San Juan ha definido con claridad su visión de futuro: un modelo basado en la agricultura, la producción de alimentos, la protección de las montañas y la seguridad hídrica.

La provincia ha marcado un precedente nacional: cuando un pueblo se organiza, participa y defiende su territorio, la política pública debe responder a su voluntad.

San Juan habló, marchó y decidió. Y el Estado, conforme a la ley, tuvo que escuchar.

Reyes F.