El tira y jala entre los directores de dos instituciones que deben velar por la ética e integridad gubernamental y la transparencia en las contrataciones públicas es bochornoso.
La controversia gira en torno al caso de Gonzalo Castillo y la adjudicación por exclusividad de 11 mil millones y medio de pesos en hormigón asfáltico caliente seis meses antes de las elecciones primarias, irregularidades presentadas en El informe con Alicia Ortega en noviembre pasado.
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