La Guáyiga, Santo Domingo Oeste. — Este 1 de febrero, residentes del Kilómetro 22 de la autopista Duarte, específicamente de la comunidad Los Coquito 3, realizaron una marcha pacífica para reclamar la protección y devolución de terrenos que aseguran les pertenecen o que han ocupado durante años ante la falta de alternativas habitacionales.
La manifestación surge en un contexto de tensiones prolongadas por la posesión de tierras en La Guáyiga, donde en los últimos meses se han registrado operativos de desalojo, denuncias de invasiones y disputas legales entre propietarios privados y grupos comunitarios.
Un conflicto que se ha intensificado
De acuerdo con reportes recientes, en La Guáyiga se han producido múltiples denuncias sobre invasión y venta irregular de solares por parte de grupos que ocupan terrenos privados, los subdividen y los comercializan sin autorización legal. Estas acciones han generado un clima de incertidumbre tanto para los propietarios con títulos certificados como para familias que adquirieron solares sin conocer el estatus legal de las parcelas.
En diciembre de 2024, un operativo de desalojo ejecutado por la Policía Nacional puso fin a una ocupación en la Parcela No. 47 del Distrito Catastral 31, propiedad de la empresa VERPOL, S.R.L., luego de múltiples solicitudes de intervención por parte de los dueños. Las autoridades actuaron amparadas en el decreto 668-22, que faculta a la Policía a prevenir y perseguir delitos de ocupación ilegal de terrenos.
Los afectados por estos desalojos han señalado que la venta irregular de solares ha provocado asentamientos improvisados, falta de servicios básicos y un ambiente de inseguridad. Por su parte, algunos ocupantes alegan que adquirieron los terrenos de buena fe y piden al Estado soluciones habitacionales dignas.
Una comunidad que reclama orden y justicia
La marcha de este 1 de febrero refleja el cansancio acumulado de los residentes, quienes exigen:
- Claridad sobre la situación legal de los terrenos en disputa.
- Intervención de las autoridades para evitar ventas fraudulentas.
- Protección para las familias que han vivido por años en la zona.
- Programas de regularización o reubicación para quienes lo necesiten.
Los manifestantes también solicitaron que la recién inaugurada Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga —ubicada precisamente en el Kilómetro 22— juegue un rol activo en la mediación de estos conflictos, tal como fue planteado por el Ministerio Público al abrir esta dependencia orientada a la resolución pacífica de disputas comunitarias.
Un problema que requiere políticas públicas sostenidas
El caso de La Guáyiga no es aislado. La ocupación irregular de terrenos es un fenómeno recurrente en varias zonas del país, impulsado por la falta de acceso a viviendas formales, la especulación inmobiliaria y la débil fiscalización del uso de suelo.
Las autoridades han reiterado su compromiso de hacer cumplir la ley, pero los conflictos evidencian la necesidad de políticas integrales que aborden:
- El déficit habitacional.
- La regulación del mercado informal de solares.
- La protección de propietarios legítimos.
- La mediación comunitaria para evitar escaladas de violencia.
Mientras tanto, los residentes de Los Coquito 3 y zonas aledañas continúan demandando soluciones concretas que garanticen estabilidad, seguridad jurídica y respeto a la dignidad humana.
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