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Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones fueron acusados junto a otros diez chavistas de formar parte de una red de narcotraficantes que operan bajo el paraguas del Cartel de los Soles (Departamento de Justicia y DEA)
Nicolás Maduro no se preocupa por el dilema que desvela al mundo libre: economía o muertes por el coronavirus. Una falsa dicotomía en la que pareciera que la primera es inhumana y excluye a la segunda. Ningún sistema de salud, por más desarrollado que sea el país, podría tolerar un tsunami constante de pacientes. Sencillamente porque el escenario actual no fue imaginado jamás. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a quienes siquiera dedicaron presupuesto para el bienestar de su población o minimizaron la epidemia que asomaba por el COVID-19 desde enero.
Al pandemonium de Maduro -colapso económico, sanitario y moral en medio del devastador brote- se sumó la brutal embestida que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le propinó el pasado jueves, cuando lo acusó formalmente de formar parte del Cartel de los Soles, una organización criminal narcoterrorista con nexos históricos con la Sinaloa mexicana. “El usurpador cumplió el sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria... ser presidente y patrón narco al mismo tiempo”, dijo en estricto off the record un reconocido intelectual venezolano desde el exilio.
Más allá de la comparación, Maduro ve cómo de súbito su cerco se cierra. Junto a él fueron señalados otros catorce popes chavistas, entre los que destacan: Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general Hugo Carvajal, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. Por ellos, la bolsa que reparte Washington por datos sobre sus actividades suma 55 millones de dólares.
Curioso. Dos ex sospechados de conspirar hace casi un año contra el Palacio de Miraflores no tienen precio pero formarían parte de la órbita solar que describió el fiscal general William Barr. Vladimir Padrino López, el generalísimo que haría trastabillar al dictador, y Maikel Moreno, el guardaespaldas que se tropezó con la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, y quien podría dar una salida en términos legales a cualquier arranque del uniformado.
